El 14 de julio la niña maya Juane Belem Rojas fue secuestrada en su propia casa de la comunidad de Morocoy, Quintana Roo, por una red de trata sexual. La Agencia Federal de Investigación (AFI) la rescató 15 días después en Villahermosa, Tabasco.
En la capital mexicana, María, una niña chiapaneca tzeltal de 13 años, fue rescatada en un operativo policiaco el 22 de mayo en el Callejón de Manzanares de La Merced. María fue la víctima de menor edad del grupo de 61 mujeres liberadas durante la acción.
Rebeca Ruiz Gómez, tzotzil de 16 años, vendía artesanías con su abuela en la plaza de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El 1 de mayo, una familia que dijo vivir en Cuautitlán, Estado de México, le ofreció trabajo en el servicio doméstico y se la llevó. Ahora se ignora el paradero de Rebeca.
Teresa Ulloa, titular de la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C. (CATW, en inglés), considera que estos casos son representativos del incremento en la trata de niñas indígenas en México con fines de explotación sexual y laboral.
El aumento de la trata indígena en México “es alarmante”, dice. Ulloa explica que no hay investigaciones, ni datos confiables de trata indígena en ninguna parte del país, pero de 60 casos que atiende ahora, 10% son de niñas y mujeres indígenas, y las etnias representan un porcentaje menor en la población nacional (entre 7 y 10%).
Su lectura surge de su investigación de campo titulada Revalorización de las mujeres indígenas de los Altos de Chiapas, elaborada por CATW entre 2010 y 2011 y hasta ahora inédita.
Otras especialistas y activistas indígenas coinciden con Ulloa.
La diputada Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas, expone el caso de distintos ejidos del municipio de Tamuín, San Luis Potosí, en donde recientemente han secuestrado a niñas y a un niño pertenecientes “a 15 familias, muchas de ellas indígenas”, afirma.
La nahua Guadalupe Martínez, representante de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y de México en el centro del país, señala que cada vez se observan más casos de trata laboral o sexual “en pueblos mazahuas, otomíes, ñañus, mixtecos”.
Los mecanismos
Ana Elena Barrios, de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación, coautora de la investigación Sur inicio de un camino, sobre los derechos de la población migrante centroamericana, opina que ha aumentado la trata de niñas indígenas de Guatemala, Salvador y Honduras a México.
Asegura que la mayoría de ellas está entre los 12 y 15 años de edad y son explotadas en la ciudad chiapaneca fronteriza de Tapachula, “uno de los puntos de prostitución más grande del mundo”. Advierte de que hay nuevas rutas, más aisladas, para introducir centroamericanas por de la zona de la Mesilla, del municipio Frontera Comalapa, Chiapas.
“Este fenómeno al alza es ignorado en México por discriminación racial y de género”, opina América Martínez, de la Asociación para el Desarrollo Integral, que organiza campañas de salud sexual para sexoservidoras y contra la trata.
“No es lo mismo que secuestren al hijo de Alejandro Martí que a una niña indígena”, dice en referencia al secuestro y asesinato del hijo del empresario que movilizó al gobierno federal y local y a la sociedad en general.
Ulloa piensa que las niñas indígenas son más vulnerables a la trata porque muchas son monolingües, culturalmente son dóciles y pudieron ser víctimas de violencia intrafamiliar y crecieron en extrema pobreza.
Su estudio se elaboró en tres municipios chiapanecos: Chenalhó, San Juan Chamula y Oxchuc, conocidos por tener una población mayoritariamente católica, con militancia en el PRI y altos grados de alcoholismo.
La especialista dice que en estas poblaciones dominadas por el sistema patriarcal las mujeres no valen, por lo que aumenta la práctica de venta de niñas por sus padres.
Los compradores pueden ser hombres de la comunidad que emigraron y ahora son enganchadores, o desconocidos que emborrachan a padres o autoridades locales y van por niñas desde los ocho años.
“El que busca sexualmente a estas niñas obviamente es mucho más violento, porque es una expresión absoluta de poder, donde ellas no tienen ninguna opción de defenderse, ni siquiera de usar condón”, advierte.
Refiere que en algunos casos la venta se hace mediante un ritual de tres visitas, en el que participan autoridades locales. Los compradores llevan “rejas de refresco, pan, carne, y cada vez más se da una transacción en efectivo que va de 3 mil a 20 mil pesos”.
En un caso contrastante, resalta Ulloa, las mujeres de las comunidades zapatistas chiapanecas exigieron en 1994 eliminar esa práctica ancestral en su “ley revolucionaria de mujeres”, para que ellas elijan con quien casarse.
Otro mecanismo de los enganchadores es enamorar a adolescentes y prometerles casarse; uno más es el de ofrecer empleo fuera de la comunidad. Dice que estas prácticas también se acostumbran en otros estados.
Las niñas terminan en prostíbulos de la región, son explotadas laboralmente o se trafica con sus órganos, por lo que también se les lleva a otros estados o incluso a Estados Unidos, afirma.
Ulloa observa que el incremento de este delito también se debe a “la llegada del crimen organizado a las comunidades indígenas” y a la fallida estrategia del Estado contra el narcotráfico.
En su opinión, el narcotráfico recién descubrió en las niñas en general un potencial a explotar, “porque no se les pone atención y ya las empezaron a reclutar de halconas, sicarias, mulas o esclavas sexuales. Eso es trata, porque al final las están usando para proteger su negocio”, sostiene.
Igualmente, responsabilizó del aumento de la trata infantil a la estrategia contra el narco. “Generalmente donde se mueve el operativo conjunto hay más trata hacia ese lugar, más violaciones de mujeres, más consumo de prostitución y más feminicidos”, dice.
La respuesta institucional
En la actualidad, el Estado no cuenta con un modelo de atención a víctimas indígenas de trata.
Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especial para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra), dice que “hay avances” en la comisión intersecretarial para prevenir y sancionar la trata de personas, pues se hacen cápsulas preventivas que se difunden en lenguas indígenas en algunas comunidades.
La aprobación de la Ley General contra la Trata de Personas, el pasado 3 de agosto, es destacada por la diputada Orozco, pues considera que además de sancionar con penas más graves a los victimarios, sí especifica la condición indígena.
Sin embargo, la coautora del libro sobre trata titulado Del cielo al infierno en un día enfatiza que es importante homologar esa ley en todos los estados, pues actualmente sólo 16 tienen ley contra la trata.
Rodolfo Casillas, autor del libro Me acuerdo bien… testimonios y percepciones de trata de niñas y mujeres en la Ciudad de México, precisa que antes de legislar y de establecer programas “hace falta reunir información pertinente sobre los efectos y consecuencias de la trata de personas en comunidades indígenas, y no se observa en el gobierno federal disposición alguna (presupuesto, programas, personal) para ello”.
