miércoles, 30 de noviembre de 2011

Carece 23% de oaxaqueños de acta de nacimiento: Cué


Pedro Matías 30 de noviembre de 2011
OAXACA, Oax. (apro).- El gobernador Gabino Cué reconoció que más de 874 mil oaxaqueños, que representan 23% de la población total, carecen de una “certeza jurídica, pues aún no cuentan con la documentación legal que los acredite como ciudadanos”.

Hizo hincapié en que por factores económicos, sociales y de acceso a los servicios, estas personas –principalmente de los 172 municipios de alta y muy alta marginación– no se encuentran inscritas en el Registro Civil, y por lo tanto, no cuentan con un acta de nacimiento.

En presencia de la representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México, Susana Sottolli, anunció la prolongación del programa para abatir el subregistro en los 172 municipios de menor índice de desarrollo humano y muy alta marginación y 24 microrregiones con elevados niveles de pobreza y marginalidad.

De esta forma se brindará el servicio de manera gratuita a quienes aún no cuentan con la documentación legal que los acredite como ciudadanos oaxaqueños.

Con el lema “Todos unidos por el derecho a la identidad en Oaxaca”, dijo, se pretende brindar este derecho a miles de personas de la tercera edad, mujeres, hombres, niñas y niños, particularmente de las comunidades indígenas.

Sin embargo, adelantó que en la primera etapa de este programa, el Registro Civil ha iniciado trámites gratuitos de registro extemporáneo en beneficio de mil personas de 10 municipios de la región de la Cañada, lo que representa una condonación de recursos superior a los 830 mil pesos.

“Se trata de un programa que hace realidad la misión de garantizar el supremo derecho de la identidad, tal y como lo sentenciara don Benito Juárez García, fundador del Registro Civil de Oaxaca”, añadió.

El Ejecutivo estatal expresó que el tema del subregistro representa un grave rezago que coloca a Oaxaca en el fondo de las estadísticas nacionales de registro de población, provocando severos problemas a los oaxaqueños para acceder a los servicios de educación, salud y empleo, además de generar incertidumbre jurídica sobre sus propiedades y patrimonio.

Por ello, a lo largo del presente año y a través del Registro Civil se han invertido 27 millones de pesos a favor de más de 141 mil personas, y mediante las Brigadas Bienestar se han otorgado alrededor de 70 mil servicios gratuitos en cien municipios de la entidad.

De éstos, 18 mil 138 han sido actas de nacimiento, 7 mil 220 de matrimonio, así como más de 11 mil aclaraciones de actas, aunado a las asistencias brindadas a más de 6 mil 500 oaxaqueños radicados en otras entidades del país y en California, Estados Unidos.

Finalmente, destacó el apoyo de la Unicef para este proyecto, lo cual ratifica el convenio de colaboración que de manera conjunta suscribieron el gobierno del estado con este organismo internacional el pasado mes de junio.

Por su parte, Susana Sottoli destacó que lo importante es seguir trabajando en este tipo de programas, que lo que hace es darle apoyos a la gente y posibilitarles que tengan servicios sociales, pues eso supone es su red de protección o estrategia para prevenir cualquier situación de recesión económica.

lunes, 28 de noviembre de 2011

Cierran planta en California por muerte de hermanos (VIDEO)



Published: 27/11/11
Eduardo Stanley Escritor   AOL Noticias
BAKERSFIELD, California - "Mi vida ya no es la misma", dijo Faustina Ramírez, de 40 años y madre de los dos trabajadores fallecidos el 12 de octubre en la planta de reciclaje de la empresa Community Recycling & Resource Recovery, ubicada en Lamont, un poblado rural cercano a Bakersfield. "Mis hijos nunca dijeron nada sobre algún peligro en la planta".

Sin embargo, Armando Ramírez -de 16 años, quien trabajaba con documentos falsos- fue enviado a limpiar un tanque de drenaje sin equipo de protección. Al poco tiempo cayó fulminado por efectos de gases venenosos. Al percatarse, su hermano Heladio, de 22 años, corrió a auxiliarlo pero él también cayó intoxicado.

Como muchas mujeres inmigrantes, Faustina Ramírez llegó sola a Estados Unidos hace 15 años y luego le siguieron sus dos hijos. Su única hija, actualmente de 18 años, se quedó en Oaxaca.
La familia vivió en varias zonas de California, siguiendo las cosechas. En los últimos cinco años se estableció en Salinas. "Vinimos al Valle Central para trabajar en la poda el año pasado. Al terminarse el trabajo yo me regresé pero ellos se quedaron con su tío", explica Ramírez, con expresión abatida. "Hacía dos meses que no nos comunicábamos..."


Community Recycling Closed, Fined After Worker Deaths
source:
ClipSyndicate

Faustina Ramírez estaba preparando su mudanza a Bakersfield cuando recibió la noticia de la tragedia. Desde entonces, vive con familiares en una modesta casa en Arvin y trabaja en la cosecha de la uva.

Recientemente, esta madre expuso su dolor y pidió fuertes sanciones para la empresa durante una audiencia pública convocada por los Supervisores del condado de Kern, en Bakersfield.

En la oportunidad, se expusieron ampliamente una serie de violaciones por parte de la empresa Community Recycling & Resource Recovery, autorizada a reciclar material orgánico únicamente. Entre ellas, la utilización de maquinaria y procesamiento de materiales no orgánicos, almacenamiento de plásticos y arrojar basura en campos aledaños a su propiedad. Además, la agencia Cal-OSHA impuso una prohibición de acercarse al hoyo de entrada al tanque de drenaje donde fallecieron los hermanos Ramírez. Esta prohibición también fue ignorada, de acuerdo con numerosos testigos que ofrecieron testimonios en la audiencia pública.

"Desde hace años tenemos problemas con esta empresa por la contaminación que produce", explicó Salvador Partida, activista de la organización ciudadana Comunidad por un Mejor Arvin, otra comunidad rural vecina a Lamont. "Lamentablemente tuvieron que morir dos trabajadores para que las autoridades actúen".

Y actuaron. Al final de la audiencia pública, los supervisores votaron unánimamente por cerrar la planta y aplicarle una multa de $2.3 millones de dólares.

Uno de los argumentos en favor de duras sanciones que se expusieron en la audiencia fueron violaciones similares de la empresa en su planta de Los Angeles, donde fue sancionada muy levemente.
"Las sanciones fueron más fuertes de lo que esperábamos, especialmente viniendo de politicos republicanos y favorables a las empresas", dijo Gustavo Aguirre, miembro de Comunidad por un Mejor Arvin, quien enumeró algunas de las consecuencias visibles de la operación de la empresa, como el mal olor en el área, las nubes de polvillo cuando trozaban piedras y materiales de construcción -para lo cual la empresa no estaba autorizada- y otras.

Durante la audiencia pública, organizaciones y activistas comunitarios lograron que las autoridades no sancionaran al Distrito del Agua de Lamont -"porque finalmente son los ciudadanos quienes pagarían las multas", dijo Gustavo- y que se organice una feria de empleos para ayudar a los 130 trabajadores que quedarían desempleados con el cierre de la empresa.

"Estamos limpiando porque la empresa cierra", dijo Héctor Cervantes, de 55 años, trabajador de Community Recycling & Resource Recovery, desde hace 7 años. "Nos dijeron que no tenemos derecho a nada porque ellos no nos corrieron (despidieron) sino porque los obligan a cerrar".

Después de trabajar durante años en los campos de cultivo, este empleo es una superación para Cervantes, nacido en Michoacán, México, y padre de cinco hijos. "Yo trabajo de noche, no sabía lo que pasaba durante el día".

Ahora Cervantes está preocupado. "Otra vez a buscar empleo...", agrega con un tono de desaliento.

A pesar de esto, miembros de la organización Comunidad por un Mejor Arvin aseguran que el cierre de la empresa es un triunfo. "Esto ayudará a mejorar la salud de nuestra comunidad", comentó Aguirre. "No queremos otra empresa de esa clase por aquí".

Representantes de la empresa estuvieron presentes durante la audiencia pública del 15 de noviembre pero no hicieron declaraciones a la prensa. La empresa se comunica por medio de abogados. Al día siguiente de la audiencia pública, hizo llegar un comunicado explicando que de acuerdo con la decision de los Supervisores, la empresa había iniciado tareas de limpieza y estaba considerando opciones legales.

Una de ellas era apelar a la Suprema Corte de California la decisión de los Supervisores, algo que ya hizo.

Mientras tanto, algunos activistas expresaron preocupación por otras operaciones de la empresa en el área. "Creo que solicitó un permiso para operar una planta de reciclaje de plástico en Arvin", dijo con tono de preocupación Partida, quien agregó además que Community Recycling & Resource Recovery habría comprado 4.000 acres en el condado de Kern. "Y si es así, es posible que la usen para tirar basura".

Aunque esta situación está lejos de haber terminado, los activistas locales se sienten fortalecidos y prometen no bajar la guardia. Y expresan su deseo. "Ojalá que la decisión de los Supervisores siente un precedente legal y político en nuestras comunidades", concluyó Aguirre.


jueves, 17 de noviembre de 2011

From Oaxaca to Bakersfield

FEATURED, RECREATION, UNCATEGORIZED BY ADMINDARIA ON NOVEMBER 11, 2011 

By Stephanie Espinoza-South Kern Sol
Once again the Guelaguetza made its return to Bakersfield and decorated CSUB’s amphitheater with food, music, color, and art.

The Guelaguetza is a traditional ceremony from Oaxaca, Mexico and is held every year to give thanks to the gods in return for a plentiful harvest.

It’s a time when all the regions from the State of Oaxaca unite in celebration and give their offerings to the community.

Locally, it’s the biggest event that is hosted by the Unidad Popular Benito Juarez- a local organization that seeks to preserve and promote indigenous culture.

This is the fourth year that the Guelaguetza is celebrated in Bakersfield and the second year it is held at CSUB,” said Hector Hernandez, president of the UPBJ.

“It is an opportunity to show professors that our people are peaceful and that many of us come here out of necessity.

” Many locals and visitors gathered around the amphitheater with their friends and families to enjoy a colorful performance by Oaxacan dancers while treating themselves to typical food and drinks from the region such as tlayudas and tepache.

Eighteen-year-old Daniel Hernandez is one of the many dancers that came to Bakersfield to perform. “My group is named Cotla,” said Hernandez.

“Each region has its own dance and we are representing Tlacolula with the dance El Jarabe del Valle.” The event also featured the artwork of Calixto Shibaja.

“It is an honor to be able to contribute and show people that we have a great folklore,” said Shibaja.

“More than anything I brought the paintings to expose the children to art so that they may learn about their roots through paintings.”

The student group Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlan from CSUB also contributed to the event by selling tacos.

“We promote cultural awareness and this is very important because this is cultural to the state of Oaxaca,” said Ana Martinez, president of M.E.Ch.A.

Leticia Torres from San Diego sold handicrafts such as maracas, skulls, and dresses while enjoying the Guelaguetza. “Everything we sell comes from Mexico, Guatemala and Peru,” said Torres.

“For me it is something very important because it is a tradition we have been bringing from Oaxaca since we were born,” said Torres.

For other Oaxacans, the Guelaguetza also holds a special meaning. “For me it means more union with my indigenous people,” said Mario Cruz from San Diego. “We are very proud of our culture and we want to strengthen our people.”


Photo taken by Bernice Sanchez
Photo taken by Bernice Sanchez
Photo taken by Bernice San
Photo taken by Veronica Ramirez
Photo taken by Veronica Ramirez

Composting plant's closure sets off actions by county, private sector

COMPOSTCC.JPG
Jose Fuentes mans the gate at Community Recycling & Resource Recovery Inc. composting facility near Lamont on Wednesday afternoon as a few trucks left the facility.

COMPOSTTWOCC.JPG
Jose Fuentes is stationed at the front entrance to Community Recycling & Resource Recovery Inc. composting facility on North Wheeler Ridge Road Wednesday afternoon as a few trucks left the facility.

BY John Cox Californian staff writer
Nov 16 2011
The usual parade of trucks hauling waste into a Lamont composting operation halted Wednesday, signaling an end to business as usual a day after county supervisors pulled the company's operating permit and fined it $2.3 million under a storm of controversy.

As tractor-trailers and employees filed out of Community Recycling & Resource Recovery Inc., company and county representatives began an endgame of sorts that will likely determine what will become of the facility and the waste stream it has processed for the last 18 years.

County staff prepared Wednesday to set a 30-day deadline for the company to clear all compost off the site. They also began looking for nearby property owners to accept the million or so gallons a day of sewer water that Community Recycling had been accepting from the Lamont Public Utility District.

Meanwhile, one of the company's customers, Mountainside Disposal, of Bakersfield, began searching Wednesday for somewhere else to take the roughly 40 tons a week in green waste it collects from the city of Arvin on Mondays and Tuesdays.

"At this point we're looking at a number of different options," company administrator Ray Scott said, noting that there are few alternative destinations in Kern County.

Mountainside's sister company, Price Disposal, recently stopped bringing Community Recycling the green waste it picks up from the Dreyer's Grand Ice Cream manufacturing plant in Bakersfield. Scott said Price began sending that waste to the city of Bakersfield's green waste processing facility shortly after the accident at Community Recycling that led to two deaths last month.

Whether the city facility can take in more waste to help make up for Community Recycling's closure remains to be seen, said Sal Moretti, Bakersfield's solid waste superintendent. Taking in Arvin's material may be a possibility, he said, but because the Bakersfield facility is partly funded by Kern County, it probably won't accept material from Los Angeles County, as Community Recycling did.

"I don't know what materials we can accept from what jurisdictions until we get some clarification," he said.

The situation is among many issues to be resolved in the aftermath of last month's tragic accident at the Lamont site.

Cal-OSHA has reported that 16-year-old Armando Ramirez, working under the identity of a 30-year-old, was cleaning out a drainage tunnel at Community Recycling Oct. 12 when he apparently inhaled a fatal concentration of hydrogen sulfide. His older brother, Heladio, who worked for Bakersfield labor contractor A & B Harvesting Inc., saw him lying unconscious at the bottom of an 8-foot underground shaft and went down to rescue him, only to be overcome as well. Armando was declared dead that day, while Heladio was left brain dead and removed from life support about two days later.

Besides Cal-OSHA, the state labor commissioner and the U.S. Department of Labor have confirmed they are investigating the deaths.

The accident came after years of land use violations and related problems at the facility, and it prompted a community outcry that led to Tuesday's public hearing.

Legal questions 
A number of issues surfaced at the hearing that could have important implications, including potential legal battles.

An attorney for Community Recycling disputed the county's assertions that recent violations such as unauthorized concrete crushing and plastics recycling took place on land covered by the county operating permit. The Bakersfield lawyer, T. Mark Smith, also said the county had failed to post proper notice of the meeting.

Smith could not be reached for comment Wednesday.

Another attorney who represents the family trust that shares responsibility for paying the fines against Community Recycling questioned whether the penalties were excessive. The Encino lawyer, John Marshall, wrote in an email Wednesday that the trust thinks the fines "are not legally supportable."

"We are evaluating all of our options, including legal, and will let you know as soon as we have determined our course of action," he wrote.

For their part, county supervisors voiced concern at Tuesday's hearing that their actions might be misinterpreted as being hostile to business, which they emphasized was not the case.

Supervisor Zack Scrivner, moments before proposing fines of more than $2 million against Community Recycling, said he wanted to send a message that the county was pro-business, "but if you don't follow our rules then you are going to be held accountable."

Clearing the site 
As county staff prepared Wednesday to set the 30-day compost clearing deadline, they fielded questions from Community Recycling's Bakersfield environmental consultant about whether the company is still responsible for the site, said Chuck Lackey, county director of engineering, surveying and permit services.

He said the Bakersfield consultant, WZI Inc. President Mary Jane Wilson, also voiced concerns about the company's ability to manage the product.

"They need to maintain a safe environment," Lackey said, "and (do) whatever they need to do to maintain that safety for the compost as well as for any employees that remain on the site while they're going through the abatement process."

On Wednesday Wilson issued a news release on Community Recycling's behalf stating that the company is working with various agencies to ensure the site's safe closure, even as the company considers its options. 

Lackey also said the county's Environmental Health Services Department was initiating discussions with Community Recycling's neighbors and preparing to secure state approvals for them to take on the Lamont utility district's sewer water.

The district had argued that it needed the composting facility to continue taking its sewer water, otherwise human waste would begin overflowing onto nearby highways within 46 days.

At Tuesday's hearing, county staff disputed the district's claim that there were no viable, affordable options for diverting the waste. The district's attorney, Larry Peake, could not be reached for comment Wednesday.

Over at the Community Recycling site Wednesday, puffs of exhaust rose from the compost mounds -- probably a sign that workers were preparing to clear materials off the property, gate guard Hector Corpus said.

He said the company had told employees nothing about their future, but that some were fully aware of county supervisors' actions -- and were upset by them.

Corpus said he observed a lot of employees leaving much earlier than normal Wednesday.

"They still would've been here," he said, if the company had not lost its permit.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

County supervisors revoke Community Recycling's operating permit

BY JOHN COX Californian staff writer- Nov 15 2011 10:57 PM
Last Updated Tuesday, Nov 15 2011 10:59 PM

The county Board of Supervisors voted unanimously Tuesday night to revoke Community Recycling's operating permit, hours after it fined the company $2.33 million for land use and related violations.

Company principal Tom Fry declined to comment after the 10 p.m. vote.

The decision to revoke the permit came after an emotional plea by Faustina Ramirez, the mother of the two brothers believed to have inhaled fatal doses of toxic gases at the plant.

"I want that company shut down," she told the board in Spanish. "It is a big pain to lose your sons. I am asking for justice." In explaining their decisions, several board members referred to findings this week by Cal-OSHA that five times this month the company has violated a recent agency order that no one come within six feet of any openings or entries to the site's storm drain system, where the two brothers were found unconscious.

The agency said the company had hired a vacuum truck to clean out the drains, and that the truck's operator violated the order. Board Chairman Mike Maggard said this action helped seal his feelings about the company that he said had a history of violations.

 "The bottom line is, I just can't believe this company anymore," he said. "This is a terrible disservice to our entire community, and no one put them in this position but themselves."

Attention now turns to the Lamont Public Utility District, which warned the board that shutting down Community Recycling & Resource Recovery Inc. would leave the district without anywhere to send roughly 1 million gallons a day of sewer water.

District attorney Larry Peake warned that within 46 days sewer water would flow onto nearby highways, and there was little that could be done about it. County staff rejected Peake's argument, saying there were viable alternatives for dealing with the sewer water.

Cal-OSHA has reported that 16-year-old Armando Ramirez, working under the identity of a 30-year-old, was cleaning out a drainage tunnel at Community Recycling Oct. 12 when he apparently inhaled a fatal concentration of hydrogen sulfide. His older brother, Heladio, who worked for Bakersfield labor contractor A & B Harvesting Inc., saw him lying unconscious at the bottom of an 8-foot underground shaft and went down to rescue him, only to be overcome as well.

Armando was declared dead that day, while Heladio was left brain dead and removed from life support about two days later.

At Tuesday's hearing, business people and contractors who work with Community Recycling argued that closing the company would have a wide impact, putting far more than its 130 employees out of work while also denying local farmers the soil amendment the facility generates.

Employees of the company spoke in the company's defense. General office manager JoAnne Avalos predicted that closing the facility would affect 650 people directly, counting the employees' family members.

"I want to keep my job," she said. "So do my fellow workers."

The fines, levied against Community Recycling as well as a family trust related to the company that owns land adjacent to the site, surprised even some of the most ardent opponents of the company.

Ingrid Brostrom, an attorney for the Center on Race, Poverty and the Environment, said of the fines, "They were bigger than I expected."

A welding contactor who does work for Community Recycling said fines were a mistake and the company should instead be thanked for the community service it provides. The contractor, Ron Rogers, likened Tuesday's hearing to a "witch hunt."

Both of the board actions -- the fines and the revocation -- seemed to leave room for a legal fight. Indeed, there was discussion between the board and its legal counsel as to whether the fines might be attacked in court as excessive, and whether the hearing had been properly noticed.

An attorney for Community Recycling, Mark Smith, argued that not only was the meeting inadequately posted, but also that county staff had confused violations of the operating permit and operations on land adjacent to the composting facility.

But county Planning Director Lorelei Oviatt countered that the land use and other violations alleged took place on the land covered by the operating permit.

Supervisors levy $2.33 million fine against Community Recycling


The Kern County Board of Supervisors voted unanimously Tuesday evening to fine Community Recycling & Resource Recovery Inc. at least $2.33 million for land use and related violations at its Lamont composting facility

At one point, the supervisors considered a fine twice that amount, but they didn't want the fine to be construed as "excessive."

The assessment came after a lengthy discussion of what penalties the business should face.

The company declined to comment immediately, while a lawyer for the Center on Race, Poverty & the Environment said the penalty was bigger than she expected, even though she had advocated for a heavy fine.
Still tonight the board will consider whether to revoke, suspend or modify Community Recycling's operating permit for the facility where two brothers are believed to have inhaled fatal doses of toxic fumes last month.

recycling_1_fa.JPG


Felix Adamo / The Californian
Laura Baker, attorney for the Center on Race, Poverty & the Environment, at the Board of Supervisors hearing on what to do about Community Recycling & Resource Recovery Inc



recycle_2_fa.JPG
Felix Adamo / The Californian
"Tom Fry of Community Recycling at the Board of Supervisors hearing."

recycling_3_fa.JPG
Felix Adamo / The Californian
Protesters against Community Recycling gather in front of the Kern County Administration building on Truxtun Avenue before going inside for the Board of Supervisors' hearing.


recycle_4_fa.JPG
Felix Adamo / The Californian
a packed Board of Supervisors meeting including many on hand for the public hearing on Community Recycling.



lunes, 14 de noviembre de 2011

Pobreza en 16 mil viviendas mixtecas


iflores el 14 Nov 2011HUAJUAPAN DE LEÓN, Oax.- En la Mixteca los habitantes de 16 mil viviendas padecen de pobreza alimentaria, indicó el enlace de la Fundación César Rivera Beltrán en la región y líder del Frente Único de Resistencia Indígena y Acción Campesina (FURIAC), Fernando Cruz Macías

Explicó que son cuatro las mayores carencias sociales que impactan en la medición de pobreza y son urgentes atender: el rezago educativo, reducido acceso a los servicios de salud y servicios básicos, y la calidad y espacios en la vivienda.

El enlace visitó la región y corroboró que en la Mixteca se encuentran gran parte de los sectores más vulnerables, donde las condiciones de vida son sensibles.

En esta parte de Oaxaca todavía existen casas construidas con láminas de aluminio, materiales de cartón y la mayoría de las edificaciones utilizadas como hogares no cuentan con un piso de concreto.


El coordinador general del Frente Nacional Indígena y Campesino Democrático, José Luis Oropeza, dijo que estas viviendas ante el arribo de frentes fríos u ondas polares representan un riesgo para las personas que tienen mayor probabilidad de enfermarse.

Describió que la Fundación César Rivera Beltrán tiene como principal fin organizar a la sociedad civil para ayudar a los más necesitado y gestionar recursos para proyectos productivos, al igual que abarcar los principales puntos para construir una autonomía donde se toque rubros como la educación, soberanía alimentaria y salud.

Cruz Macías indicó que es necesario reorganizar la economía en la Mixteca, pues para mejorar las condiciones de vida de las familias los mixtecos se atreven a emigrar a la Unión Americana,.

Aseveró que la fundación César Rivera busca generar mejores condiciones de vida y de abasto popular, pues los programas sociales no son suficientes; en Huajuapan en la región hay comunidades consideradas como de alta marginación, por lo que la función es visitar las comunidades y colonias para brindar una mejora en su economía a través de diversos proyectos.

Finalmente dijo que su objetivo es ayudar a los grupos vulnerables de la sociedad a elevar su nivel de vida mediante programas, estrategias y actividades que resulten en beneficio directo para proporcionar todo tipo de ayuda a los más desprotegidos.

HUAJUAPAN, LUZ Y SOMBRA
17% de la población usa carbón para cocinar
55 personas viven en hogares familiares
13 mil 159 mil hogares en Huajuapan
4.2 personas en promedio por hogar
Fuente: Sedesol, Inegi y Conapo