Cierran planta en California por muerte de hermanos (VIDEO)

Published: 27/11/11
Eduardo Stanley Escritor   AOL Noticias

BAKERSFIELD, California - "Mi vida ya no es la misma", dijo Faustina Ramírez, de 40 años y madre de los dos trabajadores fallecidos el 12 de octubre en la planta de reciclaje de la empresa Community Recycling & Resource Recovery, ubicada en Lamont, un poblado rural cercano a Bakersfield. "Mis hijos nunca dijeron nada sobre algún peligro en la planta".

Sin embargo, Armando Ramírez -de 16 años, quien trabajaba con documentos falsos- fue enviado a limpiar un tanque de drenaje sin equipo de protección. Al poco tiempo cayó fulminado por efectos de gases venenosos. Al percatarse, su hermano Heladio, de 22 años, corrió a auxiliarlo pero él también cayó intoxicado.

Como muchas mujeres inmigrantes, Faustina Ramírez llegó sola a Estados Unidos hace 15 años y luego le siguieron sus dos hijos. Su única hija, actualmente de 18 años, se quedó en Oaxaca.
La familia vivió en varias zonas de California, siguiendo las cosechas. En los últimos cinco años se estableció en Salinas. "Vinimos al Valle Central para trabajar en la poda el año pasado. Al terminarse el trabajo yo me regresé pero ellos se quedaron con su tío", explica Ramírez, con expresión abatida. "Hacía dos meses que no nos comunicábamos..."

Community Recycling Closed, Fined After Worker Deaths
source: ClipSyndicate

Faustina Ramírez estaba preparando su mudanza a Bakersfield cuando recibió la noticia de la tragedia. Desde entonces, vive con familiares en una modesta casa en Arvin y trabaja en la cosecha de la uva.

Recientemente, esta madre expuso su dolor y pidió fuertes sanciones para la empresa durante una audiencia pública convocada por los Supervisores del condado de Kern, en Bakersfield.

En la oportunidad, se expusieron ampliamente una serie de violaciones por parte de la empresa Community Recycling & Resource Recovery, autorizada a reciclar material orgánico únicamente. Entre ellas, la utilización de maquinaria y procesamiento de materiales no orgánicos, almacenamiento de plásticos y arrojar basura en campos aledaños a su propiedad. Además, la agencia Cal-OSHA impuso una prohibición de acercarse al hoyo de entrada al tanque de drenaje donde fallecieron los hermanos Ramírez. Esta prohibición también fue ignorada, de acuerdo con numerosos testigos que ofrecieron testimonios en la audiencia pública.

"Desde hace años tenemos problemas con esta empresa por la contaminación que produce", explicó Salvador Partida, activista de la organización ciudadana Comunidad por un Mejor Arvin, otra comunidad rural vecina a Lamont. "Lamentablemente tuvieron que morir dos trabajadores para que las autoridades actúen".

Y actuaron. Al final de la audiencia pública, los supervisores votaron unánimamente por cerrar la planta y aplicarle una multa de $2.3 millones de dólares.

Uno de los argumentos en favor de duras sanciones que se expusieron en la audiencia fueron violaciones similares de la empresa en su planta de Los Angeles, donde fue sancionada muy levemente.
"Las sanciones fueron más fuertes de lo que esperábamos, especialmente viniendo de politicos republicanos y favorables a las empresas", dijo Gustavo Aguirre, miembro de Comunidad por un Mejor Arvin, quien enumeró algunas de las consecuencias visibles de la operación de la empresa, como el mal olor en el área, las nubes de polvillo cuando trozaban piedras y materiales de construcción -para lo cual la empresa no estaba autorizada- y otras.

Durante la audiencia pública, organizaciones y activistas comunitarios lograron que las autoridades no sancionaran al Distrito del Agua de Lamont -"porque finalmente son los ciudadanos quienes pagarían las multas", dijo Gustavo- y que se organice una feria de empleos para ayudar a los 130 trabajadores que quedarían desempleados con el cierre de la empresa.

"Estamos limpiando porque la empresa cierra", dijo Héctor Cervantes, de 55 años, trabajador de Community Recycling & Resource Recovery, desde hace 7 años. "Nos dijeron que no tenemos derecho a nada porque ellos no nos corrieron (despidieron) sino porque los obligan a cerrar".

Después de trabajar durante años en los campos de cultivo, este empleo es una superación para Cervantes, nacido en Michoacán, México, y padre de cinco hijos. "Yo trabajo de noche, no sabía lo que pasaba durante el día".

Ahora Cervantes está preocupado. "Otra vez a buscar empleo...", agrega con un tono de desaliento.

A pesar de esto, miembros de la organización Comunidad por un Mejor Arvin aseguran que el cierre de la empresa es un triunfo. "Esto ayudará a mejorar la salud de nuestra comunidad", comentó Aguirre. "No queremos otra empresa de esa clase por aquí".

Representantes de la empresa estuvieron presentes durante la audiencia pública del 15 de noviembre pero no hicieron declaraciones a la prensa. La empresa se comunica por medio de abogados. Al día siguiente de la audiencia pública, hizo llegar un comunicado explicando que de acuerdo con la decision de los Supervisores, la empresa había iniciado tareas de limpieza y estaba considerando opciones legales.

Una de ellas era apelar a la Suprema Corte de California la decisión de los Supervisores, algo que ya hizo.

Mientras tanto, algunos activistas expresaron preocupación por otras operaciones de la empresa en el área. "Creo que solicitó un permiso para operar una planta de reciclaje de plástico en Arvin", dijo con tono de preocupación Partida, quien agregó además que Community Recycling & Resource Recovery habría comprado 4.000 acres en el condado de Kern. "Y si es así, es posible que la usen para tirar basura".

Aunque esta situación está lejos de haber terminado, los activistas locales se sienten fortalecidos y prometen no bajar la guardia. Y expresan su deseo. "Ojalá que la decisión de los Supervisores siente un precedente legal y político en nuestras comunidades", concluyó Aguirre.